El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha confirmado una resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma, adoptada en enero de 2015, que respaldó la decisión de la Agencia Tributaria Regional de decomisar los útiles y el dinero intervenidos a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por juego ilegal.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha confirmado una resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma, adoptada en enero de 2015, que respaldó la decisión de la Agencia Tributaria Regional de decomisar los útiles y el dinero intervenidos a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por juego ilegal.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ, que tiene como ponente al magistrado Indalecio Cassinello, señala que la OID basó su recurso en la supuesta incompetencia de la Administración regional para imponerle esa «sanción», así como en la inexistencia de desarrollo reglamentario de un juego legalmente permitido y en la vulneración de la normativa comunitaria.
Del mismo modo, los representantes de esa organización de juegos de azar expusieron que la actividad que desarrollaban era totalmente legal y que, en todo caso, la competencia para cualquier asunto relacionado con esta actividad correspondía a los magistrados de la Audiencia Nacional. Al rechazar la apelación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región se remite a una sentencia anterior del mismo tribunal, dictada en abril pasado, que desestimó el recurso presentado por la OID contra una orden de febrero de 2014, por la que se le impuso una multa de 250.000 euros tras declarar expresamente la ilegalidad del juego.
Además, añade el tribunal que, en contra de lo sostenido en el recurso, el asunto debatido ahora no se refiere a ninguna «sanción» específica, ya que la Administración regional lo que hizo en este caso fue ordenar el comiso de bienes y dinero utilizados en los juegos, declarados ilegales por carecer de autorización administrativa.
El pasado mayo, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Consejería de Hacienda escenificaron un frente común contra «el juego ilegal» que promueven organizaciones como la OID, apuntó el consejero Andrés Carrillo. «Utilizan la imagen de la discapacidad al servicio de intereses meramente lucrativos», afirmó la presidenta del Cermi, Pilar Morales.
Pocas horas después, la OID sacó un comunicado en el que aseguraba que «hasta la fecha, y le pese a quien pese, solo tenemos victorias judiciales. La OID jamás ha sido condenada por ninguno de los hechos denunciados».