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Viernes, 20/04/2018
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Un entramado empresarial parasita sobre los beneficios de un juego ilegal

10/01/2018 | Fuente: politicalocal.es

 

La Organización Impulsora de los Discapacitados (OID) debe más de 86 millones de euros, según los datos de la lista de moroso hecha pública por el Ministerio de Hacienda. Es la sexta empresa con el montante más alto de deuda en España.

 

La OID no solo debe esta cifra millonaria, adeuda además una sanción que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le impuso por importe de 25 millones de euros, tras ser considerada responsable de una infracción muy grave “al realizar actividades ilícitas de juego”. Amparándose en la Ley de Regulación del Juego, la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Hacienda fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre del año 2014.

 

La OID solicita un permiso para vender una lotería que pretenden que se legalice con el pretexto de la prohibición de monopolios en la Unión Europea. El promotor, Dionisio González, decidió montar hace 26 años un pequeño imperio amparado en la imagen de las personas con discapacidad a través de las que vendía un juego de dudosa legalidad que trataba de ser semejante al de la ONCE utilizando el sorteo de aquella pero ahorrándose el coste. No hay notario de por medio ni publicidad para dar a conocer los números premiados.

 

Si a ello sumamos que los más de 2.000 trabajadores que venden su lotería no están dados de alta en seguridad social, ni tienen contratos regulares para la venta del cupón (ni pueden tenerlo por tratarse de una actividad no legalizada), se cierra el círculo del negocio. Si el negocio es redondo ¿Dónde esconden los beneficios?

 

El entramado societario donde los administradores únicos son el mismo Dionisio, su mujer o familiares directos de ambos, controlan dos hoteles, cuatro emisoras de radio, empresas inmobiliarias, equipos de fútbol, imprentas, etc.

 

Otra inversión fue la creación de la residencia Balcón de Gredos en la localidad de La Calzada de Oropesa, que inauguró en mayo del año 2011 y que la iba a destinar a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad y que sería gestionada como centro especial de empleo. Por ello tuvo derecho a subvenciones que muy bien supo cómo y dónde solicitar. Dejó trascurrir el tiempo sin que la residencia nunca llegase a abrirse para su uso inicial, convirtiéndola el pasado año en un negocio mucho más rentable: una residencia para la tercera edad.

 

En su feria de intervenciones públicas tenemos la última pretendida huelga de hambre que anunció comenzar el 3 de diciembre (coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad). Una supuesta huelga de hambre anunciada por su gabinete de prensa, pero en la que se negó a recibir a los medios de comunicación en general si sospechaba que podían pretender una información objetiva. Por eso no facilitaba los supuestos partes médicos de su estado de salud que se auto declaraba muy delicado. Conseguido el objetivo de que sus trabajadores vean en él una persona sacrificada en pro de su causa, unos días después de comenzar la huelga la dio por finalizada sin más explicaciones.

 

Según la información facilitada por el periodista Francisco Mercado en el periódico OK Diario el pasado 31 de diciembre “ la OID está siendo investigada por la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la UDEF donde han detectado la existencia de ‘irregularidades bancarias por parte de algunas sociedades del grupo investigado’, señalan en concreto a las empresas que gestionarían el pago de los premios. Los investigadores han detectado ‘salidas de fondos al exterior, concretamente a Venezuela, donde Dionisio González ha constituido una fundación en la Isla de Margarita’. ‘La policía detectó una mecánica sospechosa: decenas de pagos por importes bajos en un mismo día. Por ejemplo, en 2007, la fundación del líder de OID recibió en cinco días 35 transferencias de 10.000 euros cada una desde SOID (matriz de la mayoría de las empresas del grupo de Dionisio González)'”.

 

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